En el año 1975, a raíz del problema que afrontaban los egresados de los centros de enseñanza secundaria de Cartago para matricularse en la Universidad de Costa Rica y otros centros de enseñanza superior, un grupo de distinguidas personas se interesaron por luchar para que los jóvenes cartagineses no perdieran la oportunidad de continuar sus estudios superiores, en razón del principio de igualdad y responsabilidad social que caracteriza nuestro sistema democrático.